La jurisdicción voluntaria: Diferencias con la contenciosa

Tribuna

La jurisdicción voluntaria: Diferencias con la contenciosa

La jurisdicción voluntaria se ha caracterizado como una actividad judicial solicitada sin que exista litigio, por lo que son expedientes de jurisdicción voluntaria todos aquellos que, estando legalmente previstos, requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso.

La regulación de la jurisdicción voluntaria se recoge en la Ley 15/2015, mientras que la jurisdicción contenciosa -civil- se regula en la LEC.

Además, la jurisdicción voluntaria es la realizada por los órganos jurisdiccionales en garantía de un derecho, consistente en una actividad jurídica distinta a la realizada a través del proceso, mientras que la jurisdicción propiamente dicha se corresponde plenamente con el ejercicio por parte de los jueces y tribunales de la función característica de procurar la tutela judicial efectiva de las partes del proceso atribuida por los arts. 24 y 117.3 CE.

Se atribuyen funciones decisoras de fondo al letrado de la Administración de Justicia de manera amplia, a diferencia de lo que sucede en la jurisdicción en sentido estricto, aunque en este campo puede atribuirse la resolución de ciertos asuntos, como los procesos monitorios.

La función jurisdiccional corresponde en exclusiva a los jueces y magistrados, así como a los miembros del cuerpo jurídico militar en el ámbito de sus competencias, mientras que existen actos análogos a los actos de jurisdicción voluntaria que se pueden llevar a cabo por parte de otros funcionarios y servidores públicos, lo que se ha potenciado en el sistema de la Ley 15/2015.

La jurisdicción voluntaria se caracteriza, en principio, por la ausencia de controversia, y por ello de verdaderas partes, por lo que hay carencia de proceso, siendo más propio hablar de expediente o de procedimiento, y de interesados o actuantes, aunque es cierto que se prevé la participación del Ministerio Público, y que los interesados puedan o deban actuar bajo la dirección de abogado y, en su caso, mediante representación técnica.

Las resoluciones dictadas en el seno de las actuaciones de jurisdicción voluntaria no producen efectos de cosa juzgada, aunque ha de entenderse que el art. 22 Ley 15/2015 permite hablar de una cosa juzgada formal de las resoluciones definitivas que en su seno se dicten.

Sin perjuicio de lo anterior, es cierto que la jurisdicción voluntaria y la jurisdicción contenciosa comparten elementos comunes, entre ellos la exigencia de la constitución de depósito previo para interponer recursos exigida por la Ley.

Por fin, los expedientes de jurisdicción voluntaria son únicamente los legalmente previstos, lo que supone su carácter tasado; frente a la universalidad de pretensiones articulables en sede jurisdiccional, en el que lo reglado son los tipos de procesos, no lo que se sustancia en ellos.

Además, con el inicio de vigencia de la Ley 15/2015 se atribuye, dentro del ámbito del órgano jurisdiccional aunque no del juez, una numerosa serie de expedientes a Letrados de la Administración de Justicia ; y fuera de dicho ámbito, a Notarios, en exclusiva en muchos casos, y a Registradores de la propiedad o mercantiles. Algunas veces, con carácter alternativo con los letrados de la Administración de Justicia.

 

Conversión del expediente de jurisdicción voluntaria en contencioso

Con arreglo a la formulación tradicional, podía estimarse, como norma general, que la oposición convirtiera en contencioso el expediente de jurisdicción voluntaria, teniendo en cuenta la configuración general de la jurisdicción voluntaria como instituto ajeno al proceso y caracterizado por la ausencia de controversia; la cual, precisamente, introducía la oposición de cualquiera de los sujetos implicados en el expediente.

Tradicionalmente se ha llegado a concluir que toda oposición, aun parcial, transmuta el expediente de jurisdicción voluntaria en procedimiento contencioso. Sin embargo, en otras ocasiones se ha sostenido que eran tan numerosas las excepciones, que no se había de considerar aquella norma como general.

Unas veces, al aparecer la contradicción, terminaba el expediente, pero en otras el juicio contradictorio se posponía a la tramitación y decisión de aquel. Ello se debía a la necesidad, impuesta por la Ley, de que el efecto jurídico del acto de jurisdicción voluntaria se produjera en el propio expediente; luego, los interesados podrán ir a la impugnación en el oportuno juicio contradictorio. Por tanto, con la oposición no concluía necesariamente el procedimiento de jurisdicción voluntaria, transformándolo en contencioso.

Asimismo, en ciertos ámbitos, la regla general ha sido la contraria a la transformación del expediente en contencioso. En el marco de la protección de menores o incapaces, en los que la oposición se ha venido ventilando dentro del mismo expediente, sin necesidad de convertirlo en contencioso.

Con la Ley 15/2015, se establece que la oposición de uno de los interesados solo impide la tramitación y resolución del expediente de jurisdicción voluntaria en caso de preverlo así la Ley; entendiendo, por tanto, que solo media controversia incompatible, que exija un proceso contencioso, cuando aquella lo establece.

Por último, el régimen actual dispone que la resolución de un expediente de jurisdicción voluntaria no puede impedir la incoación de un proceso jurisdiccional posterior con el mismo objeto que aquel -sí excluye un nuevo expediente de jurisdicción voluntaria, salvo alteración de circunstancias-. Sin embargo, no se puede iniciar o continuar con la tramitación de un expediente de jurisdicción voluntaria que verse sobre un objeto que esté siendo sustanciado en un proceso jurisdiccional contencioso cuya resolución pudiese afectarle.

Fuente: Memento Procesal Civil


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