Interpretación de cláusula de pago

Mercantil

Interpretación de cláusula de pago

El TS considera que debe prevalecer la interpretación del juzgador cuando la cláusula contractual en cuestión no es clara ni revela la verdadera voluntad de las partes contratantes.

El recurso de casación se funda en un único motivo, por infracción del artículo 1281.1 CC, sobre la prioridad del criterio de la literalidad en la interpretación de los contratos.

Aunque el Tribunal admite la posibilidad de que la interpretación de los contratos efectuada por los tribunales de instancia pueda ser revisada y sustituida en casación cuando se han vulnerado las reglas legales de interpretación contenidas en el Código Civil o cuando las conclusiones alcanzadas con su aplicación resultan de todo punto ilógicas, irracionales o arbitrarias, o responden a un patente error.

El artículo 1281.1 CC establece que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas («in claris non fit interpretatio»).

Sin embargo dicha claridad no se desprende del modo como aparece redactada la referida cláusula, pues s dice en la misma lo siguiente: «el abono de las correspondientes certificaciones mensuales tendrá lugar dentro de los 45 días siguientes a su recepción mediante confirming a 180 días fecha de la certificación».

Por tanto, el texto de la cláusula no es claro y, desde luego, no revela inequívocamente cuál era la verdadera voluntad de las partes contratantes, por lo que la interpretación dada por la Audiencia en el sentido de que existía dicho plazo de ciento ochenta días para el pago en absoluto puede ser considerada como ilógica o absurda, ni violenta el principio de interpretación literal de los contratos.

STS Sala 1ª de 20 julio de 2017. EDJ 2017/149845


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El TS señala que no cabe la resolución de la compraventa instada por el comprador en virtud de la cláusula «rebus sic stantibus» por la imposibilidad de conseguir la financiación necesaria para el pago del precio, pues dicha imposibilidad es un riesgo del deudor, que no puede exonerarse alegando que no cumple sus obligaciones contractuales porque se han frustrado sus expectativas de financiarse.

 

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