El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado este jueves a los sindicatos de la función pública que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, que el Consejo de Ministros aprobará hoy, incluirá un incremento salarial del 1% para los empleados públicos. Se trata de la primera mejora salarial después de seis años en los que el poder adquisitivo perdido por los empleados públicos ha superado el 20%, según las centrales.

Así se lo ha hecho saber el titular de Hacienda a los sindicatos en un encuentro previo a la celebración de la Mesa de Negociación de las Administraciones Públicas, en el que también les ha confirmado que ya este mes de septiembre se devolverá a los empleados públicos, en aquellas administraciones en las que haya disponibilidad presupuestaria, otro 25% de la paga extra que se les quitó en 2012, con lo cual a final de este ejercicio ya habrán recuperado un 50%.

El 50% restante se les abonará en 2016 en dos pagos, uno en marzo y otro en septiembre, también en la medida en que las arcas de las administraciones lo permitan.

Además, la tasa de reposición de los empleados públicos que causen baja se descongelará con carácter general y se elevará al 50% y pasará del 50% al 100% en los servicios esenciales (lucha contra el fraude, educación, sanidad o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado), entre los que se ahora se incluirán también el personal de las instituciones penitenciarias, el servicio público de empleo estatal (SEPES) y servicios sociales.

Se devolverán los días de libre disposición suprimidos

Por otro lado, Hacienda también devolverá en 2016 el día de libre disponibilidad (‘moscoso’) pendiente, de los tres suprimidos, con lo que los empleados públicos contarán otra vez con los seis días anuales disponibles antes de la crisis. En cuanto a los días libres por antigüedad (‘canosos’), los empleados públicos podrán disfrutar de uno a partir de ocho trienios, de dos con 10 trienios y del tercero con 12 trienios.

Estas medidas afectarán a los empleados públicos de todas las administraciones, que aglutinan a un total de 2,5 millones de personas, de los que sólo 214.831 personas, el 8,4% del total, pertenecen a la Administración General del Estado (AGE).

Posteriormente, a la mesa de negociación de las Administraciones Públicas, a la que ha acudido el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, también han acudido los representantes de las comunidades autónomas, que tendrán que aplicar estas mejoras salariales y las nuevas tasas de reposición en sus respectivas administraciones en un momento en el que los objetivos de déficit a cumplir siguen poniendo coto a su gasto público.