Los desempleados no podrán finalmente anticipar el cobro de sus prestaciones en las EPSV de empleo

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Jurídico

Los desempleados no podrán finalmente anticipar el cobro de sus prestaciones en las EPSV de empleo

El pleno del Parlamento vasco ha aprobado la Ley de  Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi (EPSV) que,  finalmente, no incluirá la posibilidad de que una persona que lleve seis  meses desempleada pueda rescatar su fondo en las EPSV de empleo.

El dictamen del proyecto de ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), aprobado por la Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad, incluía esta posibilidad, pero el PSE, a través de un voto particular, la ha rechazado con el respaldo del PNV y la abstención del PP, Aralar y grupo mixto (EA, Ezker Anitza y UPyD).

Por otro lado, el grueso de la Ley ha sido aprobada con el apoyo de PNV,PSE y PP, el rechazo de Aralar y Ezker Anitza y la abstención del parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, que no ha participado en el debate.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, ha recordado que la actual normativa de EPSV (ley y reglamento) data de los años 1983-1984, por lo que "la realidad social, laboral, económica y financiera ha ido dejando obsoleta o, en muchos casos, sin regulación el mundo de la Previsión Social Complementaria".

Aguirre ha explicado que la Ley tiene como objetivo "fomentar el ahorro-previsión a largo plazo, institucionalizándolo y haciendo que logre la máxima eficiencia, e incorporando a capas de población que tienen margen para ahorrar y que, sin embargo, hoy no lo hacen". En este sentido, ha explicado que el texto crea un marco para "democratizar" las pensiones complementarias, extendiéndolas a la mayoría de la población trabajadoras vascas a través de los sistemas de empleo sectoriales o de empresa.

El texto considerada a las Entidades de Previsión Social Voluntaria como aquellas instituciones que, sin ánimo de lucro, realizan una actividad previsora dirigida al ofrecer cobertura, en favor de sus socios ordinarios y personas beneficiarias, para las contingencias establecidas en esta ley que se clasifican en jubilación, invalidez, fallecimiento, desempleo y grave enfermedad, entre otras.

DESEMPLEADOS

Precisamente, el debate se ha centrado en el cambio de postura del PSE que en el dictamen, y a instancias del PP, incluyó la posibilidad de que los desempleados de larga duración, en caso de no percibir prestaciones por desempleo, podrán rescatar el fondo sin esperar a que transcurra ningún plazo.

El parlamentario del PSE Mikel Unzalu ha explicado que los socialistas han presentado un voto particular al dictamen para volver al texto inicial del Gobierno, al considerar que "rectificar es de sabios" y que en el debate tanto en Ponencia y como en comisión se acabó "tergiversando" el sentido de la ley al incorporar la exigencia de que los sistemas de prevención social que incluían la contingencia de jubilación, regularan un rescate en situaciones de desempleo.

Según ha defendido, esta contingencia están "suficientemente regulados" para las Entidades de previsión, fundamentalmente individuales, que ya lo incluyen en sus estatutos. "Con esta enmienda estábamos interfiriendo en otras entidades como las de empleo, constituidas para afrontar fundamentalmente, o únicamente la jubilación", ha explicado. Unzalu ha afirmado que el objetivo "era loable" pero "interfería en la negociación colectiva".

Desde el PNV, Alex Etxeberria se ha mostrado a favor del cambio propuesto por el PSE porque "podría perjudicar a alguna EPSV", aunque ha defendido que las entidades deberían asumir más contingencias.

El parlamentario del PP Antonio Damborenea ha criticado esta decisión de los socialistas porque la decisión tomada en el dictamen suponía que "cuando una personas parada tiene dinero en un fondo de pensiones y hoy lo necesita, parece lógico que pueda disponer de él hoy", cumpliendo una serie de requisitos para que no se produjeran fraudes.

Para el PP, este voto particular del PSE y PNV tiene como objetivo "no perjudicar a alguna EPSV". "Sabemos cual es la más afectada, una que de 200.000 socios tiene 90.000 parados", ha indicado.

MAYORIAS

Otro de los aspectos sobre los que se ha debatido es el cambio de mayorías en a la hora de adoptar los acuerdos. Desde el PSE Unzalu ha defendido que el sistema de mayorías del texto no es generalizado para todas las EPSV y ha explicado que modelo que incluye la ley "impide las existencia de vetos" en situaciones como que "en el conjunto de una asamblea, el 25,01 por ciento bloquee la toma de decisiones". "Es necesario conseguir la rentabilidad de la EPSV y aseguramiento de sus fondos y asegurar su funcionamiento", ha indicado.

Sin embargo, el PNV ha defendido que "las mayorías que establece la ley deberían ser las minorías para que cada entidad pueda reforzar sus mayorías a través de sus estatutos". "Creemos que debe seguir como hasta ahora porque no ha habido problemas de bloqueos; el Gobierno quiere poner la tirita antes de la herida", ha indicado Etxebarria.

El parlamentario de Aralar Mikel Basabe ha recordado que su formación ha mantenido para su debate en pleno varias enmiendas para criticar, entre otros aspectos, el cambio de las mayorías establecidas en la toma de decisiones, al considerar que deberían ser dobles, porque las decisiones afectan a "diversos sectores", postura que "coincide con lo que pide la mayoría sindical del País vasco, lo que refuerza esta argumentación", ha defendido.

El parlamentario de EA, Juanjo Agirezabala, por su parte, ha reservado para su debate en el pleno seis enmiendas, entre las que se encuentra la exigencia de se tome como punto de partida a la negociación colectiva para que en la toma de decisiones de los planes de seguimiento del plan de previsión social preferente sean fruto del "mismo juego de mayorías" y que haya tanto en la parte de los representantes de las personas socias, como del número de representantes de los socios protectores del plan, con el objetivo de "garantizar el equilibrio y defensa de los trabajadores".

El parlamentario de Ezker Anitza-IU Mikel Arana ha rechazado esta ley al considerar que "supone debilitar las pensiones públicas a favor de las privadas", y fomentar una normativa fiscal que se utiliza como "instrumento de elusión fiscal". Al respecto, ha resaltado el "importante gasto fiscal" que supone para las Haciendas vascas, que según ha especificado asciende a 409 millones de euros en los presupuestos del año 2012. "Suponen un debilitamiento de las pensiones públicas y un factor de desigualdad entre las personas", ha zanjado.


 
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