Esta corporación ha ido comunicando al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios, a lo largo de todo el proceso de la Ley, todos aquellos aspectos sensibles y susceptibles de mejora, principalmente de carácter técnico.

Creen que la nueva ley alejará a España de la UE, generando un sobrecoste a los clientes de los servicios de auditoría respecto a los países europeos que se estima en más de 100 millones de euros.

El Consejo de Estado declaró que es una ley de muy difícil comprensión y por tanto, la regulación de la Independencia, uno de los elementos clave de la norma, crea una alta inseguridad jurídica.

La Ley de Auditoría supondrá un incremento del 100% de los impuestos a la auditoría que repercutirá en las empresas auditadas, además, de generar un incremento de la burocracia a los auditores y un incremento de las tareas del regulador, según ha explicado el REA+REGA.

Asimismo, los auditores señalan que la nueva ley afectará negativamente al mercado en general y, específicamente, a las empresas auditadas y a todo el sector de la auditoría.

Por último, la corporación ha solicitado crear con carácter urgente una mesa de trabajo Gobierno-Grupos Parlamentarios-Sector en la que se consensue esta ley. Defienden el seguir trabajando para conseguir un consenso sobre las modificaciones técnicas a introducir en aras a lograr una Ley moderna, de largo recorrido y que favorezca la estabilidad del mercado, así como la eficiencia y la transparencia de las empresas.