En un comunicado, Asefiget solicita que la Administración se emplee en la investigación para localizar los fondos reales no declarados y no en "entorpecer y terminar de empujar" al cierre a las pymes y micropymes.

Para los asesores fiscales, las nuevas medidas contra el fraude aprobadas por el Gobierno sólo son "más de lo mismo", ya que todo el plan está diseñado para llevar a cabo una mera labor de comprobación y no de investigación de fondos. "Desde el límite del pago en efectivo fijado en 2.500 euros hasta la amnistía fiscal", afirma.

A su parecer, las medidas no afrontan la existencia de rentas ocultas y se quedan en la superficie esperando la afloración de patrimonios que no cuadren con lo declarado. De esta forma, las grandes empresas, con mayor capacidad para burlar a la Administración, salen "ilesas" del plan antifraude.

En este sentido, Asefiget recuerda que las pymes y micropymes son la mayor parte del tejido industrial y las que soportan mayores cargas fiscales y control desde la Administración. En este sentido, asevera que una empresa familiar tiene todo declarado, entre otros motivos porque, ante cualquier irregularidad, responde con su patrimonio personal.

Además, está obligada a funcionar con condiciones impuestas desde la Administración, que no necesariamente están al alcance de todo el mundo ya sea por falta de infraestructura o de conocimiento de las herramientas, como es el caso de las comunicaciones electrónicas.

Asimismo, recuerda al Gobierno que la mayor parte de los votantes que depositaron su confianza en él en las urnas regentan un pequeño negocio, generan puestos de trabajo y son así los contribuyentes que más aportan por vía fiscal y menos coberturas obtienen del Estado.

Por todo, los asesores fiscales creen necesario que el Ejecutivo adopte "cierto tono de humildad" ante los ciudadanos que, además de otorgarles el poder son capaces de crear empleo, "cosa que desde hace ocho años y hasta la fecha no ha sabido hacer ningún grupo político".