Los cambios en las cotizaciones sociales podrían costarle al sector educativo 300 millones de euros

Fiscal

Los cambios en las cotizaciones sociales podrían costarle al sector educativo 300 millones de euros

Consultores Argos, la firma especializada en la gestión de colegios privados y concertados, celebró una mesa redonda cuyo tema central ha sido las consecuencias de la aplicación al ámbito de la enseñanza del Real Decreto 16/2013 de 20 de diciembre sobre cotizaciones a la Seguridad Social.

Los ponentes han abordado, entre otros asuntos, el impacto de la nueva normativa en la gestión de los colegios concertados, privados, a quién corresponde asumir el aumento de la nueva cotización a la Seguridad Social en el caso de los colegios concertados o cómo cuantificar beneficios sociales del comedor escolar, o material escolar para los hijos de los miembros o profesores del Colegio.

La mesa redonda ha sido presidida por Juan Carlos Vilar Manzanero, consejero delegado Consultores Argos, quien ha señalado que "Mientras se clarifica la situación, los colegios tienen que hacer sus deberes y hacer sus cálculos de lo que podría costarles la medida". También han tomado parte en la mesa Mariano Torija, miembro del departamento jurídico de CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza); Domingo Carbajo Vasco, inspector de Hacienda de la Agencia Tributaria; y la abogada especialista en Derecho Laboral Isabel Muñoz Vega de Abogados TDBM, además de diversos titulares de Centros concertados y privados.

Entre las conclusiones más destacadas destacan que la medida del Gobierno no ha tenido en cuenta las especificidades del sector educativo ni ha calculado el impacto que la medida supondrá para los centros privados y concertados; que en el sector educativo los beneficios sociales están recogidos por el propio convenio, por lo que la medida puede suponer unos costes no previstos para el sector de 300 millones euros.

La nueva normativa abre la puerta a que trabajadores de un mismo centro educativo de la misma categoría y antigüedad tengan bases de cotización distintas y gastos salariales absolutamente dispares en función de su situación familiar.

Por último, se ha creado una situación de incertidumbre acerca de quién debe asumir ese 31% extra en las cotizaciones sociales. En el caso de los colegios concertados, el sector entiende que el coste adicional debería ser soportado por las Consejerías de Educación, una partida que no figura en sus presupuestos y que afectará negativamente a su situación presupuestaria.



 

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