En un comunicado, la central sindical afirma que ha expresado esta rechazo a los grupos parlamentarios del Senado, ya que el Gobierno pretende introducir la medida a través de una disposición a la ley de reforma del Sistema de Seguridad Social, que se debatirá esta semana en la Cámara Alta.

En concreto, el Gobierno ha introducido en la citada ley una disposición adicional en la que se establece que los préstamos concedidos por el Estado para compensar las insuficiencias de financiación del Insalud constituyen una deuda de la Seguridad Social que se saldará entregando al Estado "edificios y equipamientos afectos a fines de asistencia sanitaria y servicios sociales", centros hospitalarios que serán a su vez traspasados a las comunidades autónomas, que tienen cedida la competencia sanitaria.

Para UGT, sería "inaceptable política y socialmente" que se tomara cualquier tipo de decisión en esta materia ignorando el criterio y la participación de los cotizantes del sistema, esto es, los trabajadores y empresarios.

Esta supuesta deuda, añade el sindicato, parece referirse a las operaciones de saneamiento presupuestario del Insalud llevadas a cabo en la década de los noventa. Por ello, indica que teniendo en cuenta que en aquel momento la asistencia sanitaria se financiaba en un alto porcentaje por el Estado y, en sentido inverso, de forma decreciente, por la Seguridad Social, el supuesto déficit del Insalud en aquel momento habría que atribuirlo en buena parte al propio Estado, aunque se hiciese afectivo a través de la Tesorería de la Seguridad Social.

Por esta razón, y porque no se han tenido en consideración otras deudas que se hayan producido en sentido inverso, UGT reclama no adoptar medidas legislativas en esta materia sin clarificar previamente el origen, cuantía, naturaleza y resolución de las deudas atribuibles a las Seguridad Social que se pretenden saldar con el Estado.

EL PATRIMONIO IRÁ A LAS CC.AA.

Por otra parte, añade que es "difícilmente entendible" que si el objetivo de esta medida es saldar deudas existentes entre el Estado y la Seguridad Social, el patrimonio no revierta en la Administración

General del Estado, y acabe adscrito en el haber de las comunidades autónomas.

"Una medida de estas características sería difícilmente entendible en cualquier contexto, pero es especialmente preocupante en medio de la incertidumbre social generada por las políticas de recortes económicos y sociales de los gobiernos central y autonómicos", subraya el sindicato.

Por último, indica que cualquier decisión sobre el patrimonio de la Seguridad Social debe ser rechazada en el contexto del proyecto de ley de reforma de la Seguridad Social, por cuanto "no se ajusta" a uno de sus objetivos principales, como posibilitar la viabilidad y sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, y por no haber sido objeto de negociación en el Acuerdo Social y Económico de 2010.