Según explican en un comunicado, la reforma de su régimen en la Seguridad Social mandataba al Ejecutivo a desarrollar una norma que acercara los derechos y deberes de estos trabajadores a los del resto, con vigencia a partir del próximo 1 de enero.

A estas alturas y con las elecciones generales del 20-N a la vista aún no se ha presentado el proyecto de Ley correspondiente, circunstancia ante la que las centrales recalcan que "no puede retrasarse más la dignificación de las condiciones de trabajo de las personas que desempeñan su trabajo en el empleo doméstico".

Además, los sindicatos entienden que hay elementos prioritarios que reformar, como acabar con el contrato oral, la introducción de la obligación de que los trabajadores reciban un recibo justificativo del salarios o la garantía de la percepción de al menos el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), más de 700.000 personas están empleadas en esta actividad, pero solo constan 296.729 personas afiliadas al Régimen Especial de los Empleados del Hogar.