El Grupo Socialista en el Senado, ha registrado un paquete de enmiendas al proyecto de ley para la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General, en las plantea que los límites de edad y duración establecidos para el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje "no sean de aplicación" a aquellos suscritos en el marco de políticas activas de empleo dirigidas "a la cualificación o inserción laboral".

La enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, plantea que los topes de edad de entre 16 y 25 años –y hasta 30 años de manera transitoria hasta 31 de diciembre de 2013–, así como la duración mínima de un año y de dos como máximo, "no será de aplicación" cuando se enmarquen en "acciones y medidas que impliquen la realización de un trabajo efectivo en un entorno real y permitan adquirir formación o experiencia profesional".

Precisamente este es el marco que la letra d) del artículo 25.1 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo contempla para el conjunto de acciones y medidas que integran las políticas activas de empleo cubrir el ámbito de "oportunidades de empleo y formación".

En la misma línea, propone que aquellos proyectos de empleo-formación promovidos por las comunidades autónomas, que sean aprobados o estén pendientes de aprobación en base a convocatorias efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo decreto ley de medidas laborales aprobado el pasado 26 de agosto, se puedan beneficiar de sus condiciones.

FONDO DE RESERVA DE POLÍTICAS DE EMPLEO

Por otro lado, las enmiendas socialistas plantean dar entrada a las comunidades autónomas en el comité de Gestión del Fondo de políticas de empleo, a través de un representante "con voz y sin voto".

El decreto de reforma de políticas activas de empleo aprobado el pasado mes de febrero incluía la constitución de un Fondo de Reserva de políticas activas de empleo para atender a las necesidades futuras de financiación en la ejecución de las políticas activas de empleo.

La enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, presentada ahora plantea que la inclusión en el Comité de Gestión del fondo de una persona que ostente la representación de las comunidades autónomas, "permite garantizar que el criterio de éstas pueda ser tenido en cuenta en el desarrollo de sus funciones".

Dicho representante será el mismo que ostente la vicepresidencia correspondiente a las comunidades del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.