"No hay que temer en absoluto que los reajustes (presupuestarios en la AEAT de 56 millones de euros) pongan en peligro los efectos de las medidas de lucha contra el fraude, sino al contrario. La principal fuente de financiación de la AEAT es la generación de crédito del 5 por ciento por los ingresos que recauda, por lo que es de esperar que desde el primer momento estas medidas tengan efectos y que consigan una fuente de recursos muy superior a otros años. Así que este ajuste se verá altamente recompensado", ha explicado.

Además, ha informado de que su departamento está elaborando un inventario de los inmuebles arrendados y en propiedad del Estado que estará terminado "a finales de mes", por lo que a partir de mayo se comenzará a trabajar en una nueva línea de política inmobiliaria que pasará por la revisión de los alquileres a la baja y por el análisis de los índices de ocupación de los edificios para "reorganizar" su uso.

Menos empresas públicas

Por otra parte, Platero Sanz ha indicado que el plan de reestructuración del sector público empresarial anunciado por el Gobierno ha comenzado con la inclusión en la Reforma Laboral de un límite a las indemnizaciones que reciben los directivos y eliminándolas para aquéllos que son funcionarios.

Además, también se ha procedido a una "revisión de las retribuciones" de los altos cargos en las empresas públicas, fundaciones, entidades públicas empresariales, consorcios y agencias, fijando "topes" según una serie de clasificaciones en función de número de empleados, nivel de inversiones o ingresos, entre otras materias.

En la misma línea, el Ministerio controlará las retribuciones en especie "para evitar algunas que se estaban abonando sin haber sido aprobadas" por el órgano correspondiente, y se ha fijado un número máximo y mínimo de directivos y de miembros del consejo de administración que puede tener cada empresa pública.

Por último, ha recordado que el Gobierno ha eliminado ya ocho fundaciones y 24 sociedades estatales, a las que se sumarán otras trece en proceso de liquidación y otras ocho en las que se acometerá un proceso de desinversión. Hacienda está revisando también las sociedades en las que el Estado tiene una participación minoritaria y se ha reducido el presupuesto de compra de acciones de empresas públicas.