El Gobierno afronta este miércoles el trámite en el Senado del proyecto de ley de reforma de las pensiones convencido de que la norma no sufrirá ninguna modificación en lo que se refiere al incremente de la edad ordinaria de jubilación de 65 a 67 años, pese a que los socialistas están en minoría en esta cuestión, en la que sólo cuentan con el respaldo de CiU.

Los senadores del PP, PNV, ERC, ICV y BNG han presentado enmiendas en las que proponen retirar este polémico punto del articulado de la futura ley, con lo cual la suma de sus votos bastaría para complicar la posición del PSOE, que ni siquiera con el apoyo de los nacionalistas catalanes podría salvar el debate.

Sin embargo, la Mesa de la Cámara Alta ha acordado que la Comisión de Trabajo e Inmigración celebrara el debate con competencia legislativa plena, con lo que no pasará a Pleno, lo que cambia la situación en favor del PSOE.

Esto es así porque el PSC, que en el Senado forma parte junto a ERC e ICV del grupo parlamentario de la Entesa, arrastrará en Comisión el voto de sus compañeros para posicionarse junto al PSOE, como ya ocurrió el pasado año con la votación de la reforma laboral.

LOS SOCIALISTAS HACEN GUIÑOS A CIU

En cualquier caso, el PSOE negocia con el resto de grupos y en especial CiU nuevas modificaciones a la norma.

De entrada, los socialistas ya han aceptado elevar el periodo de cuidado por hijo que se puede reconocer para sumar los 38 años y medio de cotización que permiten jubilarse a los 65 años que pactó con CiU en el Congreso, pasando de 270 días a un máximo de un año. Eso sí, limita a cuatro años el reconocimiento por beneficiario.

Por su parte, los nacionalistas catalanes plantean que se estudie la "conveniencia" de materializar parte de la inversión del Fondo de Reserva en emisiones realizadas por personas jurídicas privadas, "ya sea de renta fija o variable", en los próximos años.

Asimismo, CiU recupera su reivindicación de dar entrada a las comunidades en la comisión de seguimiento y evaluación de la conocida como ‘hucha de las pensiones’ y que también pueda dedicarse a la adquisición de títulos emitidos por las comunidades autónomas, pese a que se trata de una enmienda que los nacionalistas catalanes retiraron en el debate del Congreso.

Todo ello después de que el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, admitiera que "formalmente" no hay impedimento para que el Fondo invierta en deuda autonómica, como pedía CiU, si recibe el aval parlamentario de la oposición.

COMPATIBILIDAD ENTRE PENSIÓN Y EMPLEO

Otras enmiendas que CiU están ofreciendo negociar al Gobierno plantean extender además el reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad a la persona divorciada o separada judicialmente, así como permitir la compatibilidad de la pensión de jubilación no contributiva con un trabajo a tiempo parcial, siempre que no se perciba por el mismo más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Además, aboga por permitir la complementariedad de las pensiones no contributivas a través de otras ayudas que puedan establecer las administraciones públicas, ya sean las comunidades autónomas o los entes locales.