El primer Consejo Fiscal presidido por Madrigal debate el informe que cuestiona las escuchas sin control judicial

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El primer Consejo Fiscal presidido por Madrigal debate el informe que cuestiona las escuchas sin control judicial

El informe es favorable a la reforma de la LECrim aunque pone reparos a la recogida de muestras de ADN sin asistencia letrada.

El Pleno del Consejo Fiscal, el primero presidido por la nueva fiscal general del Estado Consuelo Madrigal, debatirá este martes el informe favorable al anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El texto cuestiona la intervención de las comunicaciones por orden del Ministerio del Interior sin autorización judicial, según informaron a Europa Press fuentes fiscales.

El Consejo Fiscal celebrará esta reunión plenaria con el único punto en su orden del día de dar luz verde a su informe al anteproyecto de Ley Orgánica, que modifica la norma que regula el proceso penal con el fin de agilizar esta jurisdicción, fortalecer las garantías procesales y regular las medidas de investigación tecnológicas.

El dictamen, que es preceptivo aunque no vinculante, avala en líneas generales el texto del Ministerio de Justicia y la fijación de plazos en la investigación de delitos y faltas. Eso sí, pone reparos a cuestiones, como la recogida de muestras de ADN sin asistencia letrada para recomendar seguir la jurisprudencia del Tribunal Supremo a favor de la presencia de abogado.

'Escuchas' sin autorización del Juez

El Gobierno ya ha anunciado su intención de suavizar el artículo que regula la intervención de las comunicaciones, tras el reciente dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que plantea las "serias dudas" de constitucionalidad de la reforma legislativa.

El anteproyecto de reforma de la LECrim prevé que, "en caso de urgencia" y para investigar delitos cometidos por organizaciones criminales, de terrorismo, contra menores u otros de especial gravedad", la intervención de las comunicaciones pueda ser ordenada por el ministro del Interior o por el secretario de Estado de Seguridad y comunicada en un plazo máximo de 24 horas al juez, que deberá validar o anular la medida en 72 horas.

El órgano de gobierno de los jueces cuestionó su legalidad en virtud del artículo 18.3 y el 55.2 de la Constitución, que contemplan la suspensión del derecho al secreto de las comunicaciones exclusivamente en casos de bandas armadas o de terrorismo.

El anteproyecto del Gobierno fija además un plazo de seis meses para la investigación de casos ordinarios y de 18 meses prorrogables para la instrucción de 'macrocasos'. El CGPJ abogó por reabrir las actuaciones si aparecen datos "determinantes" y propuso que la solicitud no quede solo a petición de la Fiscalía.


 

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