En concreto, esta normativa supone sustituir el actual modelo de autoliquidación por uno de facturación de la Seguridad Social, lo que permitirá un control integrado de la recaudación basado en el cálculo previo de la Administración de las cuotas de cada trabajador, además de aportar mayor información a empresas y trabajadores, incluyendo bonificaciones, exenciones o minoraciones de tipo.

Con estos cambios, las empresas se ahorrarán 63,4 millones de euros al año por las menores cargas administrativas y la correcta aplicación de bonificaciones o reducciones, mientras que la Seguridad Social dispondrá de hasta 171,22 millones de euros adicionales al acabar con las cotizaciones inferiores a lo debido y la aplicación indebida (en exceso y en defecto) de las deducciones.

Aplicación progresiva

La previsión del Ministerio de Empleo es que el nuevo sistema comience a introducirse paulatinamente a partir de este trimestre, empezando por el Régimen General, y que luego se vaya ampliando a otros regímenes de la Seguridad Social. Su coste de mantenimiento será de unos 5,78 millones de euros anuales.

Además, se emplaza al Ejecutivo a estudiar, en el plazo de dos años, el alcance que los posibles errores en los datos sobre cotizaciones de los trabajadores por culpa del empresario o de la Administración podrían tener en las prestaciones y sanciones a los trabajadores.

Así las cosas, la única nota discrepante en este debate la ha aportado el PNV, que pese a compartir la letra del proyecto de ley critica que se mantenga el concepto de caja única "en contra" de la cesión a las comunidades autónomas de la gestión de las cuotas y prestaciones de la Seguridad Social que prevén algunos estatutos de autonomía, un tema sobre el que también CiU considera que es necesario debatir.