El ministro de Justicia, Rafael Catalá, visitó el Colegio de Abogados de Almería y pronunció unas palabras ante los representantes de los 2833 colegiados de esta provincia, de los cuales 1582 son ejercientes. Catalá ha destacado la disposición al diálogo y la participación activa del Consejo General de la Abogacía (y los 83 Colegios a los que este órgano representa en todo el territorio nacional), a la hora de afrontar las ambiciosas reformas estructurales en el ámbito de la Justicia aprobadas por el Gobierno en esta legislatura.

La comprensión y la propuesta de soluciones por parte de los representantes de la abogacía española, especificó el ministro, han permitido la derogación de las tasas judiciales para todas las personas físicas en todos los órdenes jurisdiccionales y en todas las instancias, así como la decisión, incluida en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de mantener el actual modelo de demarcación judicial. Estas dos medidas unidas al uso masivo de las nuevas tecnologías conforman el núcleo central de un modelo de Justicia al alcance de todos, más efectivo y sólido.

Respecto a la derogación de las tasas judiciales, Catalá destacó el compromiso del Gobierno de eliminar cualquier supuesto que pudiera suscitar la más mínima duda sobre una supuesta barrera a la tutela judicial efectiva. Esta reivindicación de los Colegios de Abogados ha sido atendida de la misma manera que la ampliación significativa del número de beneficiarios de la Justicia gratuita, con la elevación de los umbrales de renta y la inclusión de colectivos especialmente vulnerables como son las mujeres víctimas de violencia de género.

Planta judicial y criterios de reparto

En cuanto a la demarcación judicial, el ministro de Justicia insitió en el interés del Gobierno en que el propio funcionamiento de la Administración de Justicia sea un factor de cohesión territorial. Por ello, el mantenimiento de los partidos judiciales actuales y el nuevo sistema de reparto de las cargas de trabajo permitirán que la duración media de los procesos se reduzca y sea más homogénea, lo que reforzará la competitividad de cualquier punto de España sin diferencias al contar con una Justicia al alcance de todos.

Uso intensivo de nuevas tecnologías

El ministro señaló la importancia de la reciente modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para expandir el uso de las nuevas tecnologías entre los profesionales de la Justicia.

Esta reforma legal ha permitido simplificar los trámites, como por ejemplo el juicio verbal, donde se admitirá la contestación escrita. Ha propiciado el impulso definitivo al uso masivo por los operadores jurídicos y los órganos judiciales de los medios telemáticos que reducen los tiempos de notificación o respuesta en la Justicia. Así, a partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la Justicia estarán obligados a emplear estos sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para presentar escritos y documentos en la realización de actos de comunicación procesal.

En este mismo sentido, Catalá hizo referencia a la presentación ayer en Madrid del Plan 2015 para la aceleración de la justicia en entornos digitales, que recoge una serie de iniciativas mediante las cuales tanto los profesionales como los ciudadanos percibirán avances hacia ese modelo de Justicia digital, abierto e innovador que será una Justicia en red y sin papel.

Por último, el ministro Catalá señaló que la idea que subyace en todas estas reformas es que la Justicia es un factor que puede y debe contribuir, con la colaboración de todas las partes implicadas, -tanto Gobierno como Comunidades Autónomas-, a acelerar el progreso y la recuperación económica. En esa línea, destacó las reformas legislativas que está llevando a cabo el Gobierno para facilitar a fiscales, jueces y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado su trabajo en la lucha contra la corrupción.