El Ejecutivo comunitario considera que esta fiscalidad discriminatoria "constituye un obstáculo a la libre circulación de personas y capitales, que son principios fundamentales del mercado único de la UE", según ha informado en un comunicado.

Bruselas ya había pedido oficialmente a España el 5 de mayo de 2010 y luego el 17 de febrero de 2011 que tomara medidas para garantizar el cumplimiento de las normas de la UE en materia de impuestos de sucesiones y donaciones, pero el Gobierno "no ha modificado su legislación al respecto", denuncia la Comisión.

El Ejecutivo comunitario alega que "las comunidades autónomas conceden a los residentes una serie de ventajas fiscales que, en la práctica, les permiten pagar menos impuestos que los no residentes".